NOOC Accesibilidad cognitiva en el ámbito sanitario

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La reciente Ley 6/2022, de 31 de marzo, de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece y regula la accesibilidad cognitiva. En su preámbulo la ley recuerda que la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad establece en su artículo 9 que es «obligación de los Estados Partes adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, […] a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones». Estas medidas se aplicarán, entre otras cosas, a «dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en formatos de fácil lectura y comprensión». Igualmente, establece la «obligación de promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información».

Asimismo, «la información y la comunicación deben estar disponibles en formatos fáciles de leer y modos y métodos aumentativos y alternativos para las personas con discapacidad que utilizan esos formatos, modos y métodos». Además, en su artículo 2, relativo a definiciones auténticas, el Tratado internacional dispone que «a los efectos de la presente Convención […], «la comunicación incluirá el lenguaje sencillo«, terminología que equivale a la consolidada en lengua española de «Lectura Fácil»».

Sin duda uno de los ámbitos más importantes en la vida de cualquier persona y en especial de las personas con discapacidad intelectual es el ámbito sanitario, ya que son un colectivo especialmente vulnerable en aspectos de salud, y que se encuentra con barreras sistemáticas en el acceso al sistema sanitario para la autonomía en la salud.

Así mismo es también de gran transcendencia en la justificación de la necesidad de accesibilidad cognitiva en la sanidad la reciente reforma del código civil a través de La Ley 8/21 referido a la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.

La reforma de la nueva ley impone el cambio de un sistema en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad basándose en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona que, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.

Se hace pues necesario facilitar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad intelectual puedan decidir con autonomía o al menos sin barreras de comprensión sobre un ámbito tan transcendente para las libertades individuales como es la salud. Para ello es fundamental dotar a los diferentes profesionales de las herramientas que puedan generar una sanidad accesible cognitivamente.