En septiembre del año pasado, el grupo parlamentario Ciudadanos presentó en el congreso de los diputados una proposición de ley a favor de la regulación del derecho en España a la gestación por subrogación o, como más coloquialmente se la conoce, el derecho a “contratar” o “ser” un vientre de alquiler.
En esta proposición de ley, entre otras cuestiones, se criticaba que la vigente ley de técnicas de reproducción asistida (o ley 14/2006) no contemplase entre sus ámbitos de regulación la gestación subrogada, considerándola nula de pleno derecho y acogiéndose en sus argumentos al principio romano “Mater semper certa est” (o la madre siempre es conocida), que dispone que la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada en el parto, siendo la madre que da a luz la única y reconocida legalmente como madre.
¿Puede una mujer alquilar su útero sin alquilarse ella misma? Se abre el debate sobre la gestación subrogada
Esta proposición de ley no salió adelante por falta de apoyos de los partidos mayoritarios, pero reabrió uno de los temas sociales y políticos más actuales, con un debate difícil y controvertido, plagado de posiciones éticas y morales encontradas.
Posiciones a favor, como la de algunas asociaciones a favor de la gestación subrogada, que la describen como una técnica más de reproducción asistida, donde los deseos reproductivos de aquellas personas o parejas, que han agotado o son incompatibles con dichas técnicas de reproducción asistida, se convierten en la justificación necesaria para optar por esta nueva forma alternativa de acceder a la maternidad y/o paternidad.
Posiciones en contra, como los colectivos que defienden los derechos de las mujeres y organizaciones feministas, que afirman que la gestación subrogada puede vulnerar y mercantilizar los derechos fundamentales de las mujeres sirviéndose de un negocio tremendamente lucrativo para aquellos intermediarios que median entre los comitentes (o contratantes) y la madre que gesta.
Sin perder de vista, que la gestación por subrogación constituye una realidad en aumento tanto en nuestro país como en los países de nuestro entorno, y que son muchos los estados dentro y fuera de nuestra comunidad europea los que ya han encontrado los cauces legales necesarios para abordar la regulación de este tema, encuentro en mi juicio moral muchas razones para no ratificar con un rotundo “si” la propuesta de Albert Rivera.
¿Podemos comparar un útero con un hígado o con un riñón? ¿Puede una mujer alquilar su útero sin alquilarse ella misma?
Debemos ser muy cautos a la hora de tratar un embarazo o un recién nacido como parte de un contrato de compra y venta, por muy “altruistas” que sean sus condiciones de partida. Un embarazo transforma a la mujer, no solo a nivel físico o psicológico. Un embarazo es una descarga hormonal que mete a la mujer en un vaivén de emociones durante al menos nueve meses.
¿No estaremos volviendo a cometer errores de nuestro pasado histórico?
La “libertad de vientres” o principio jurídico que se implantó en el siglo XIX en los países abolicionistas de la esclavitud, consistía en otorgar la libertad a los hijos nacidos de esclavas. ¿No es la gestación subrogada una manera de volver a esclavizar a una mujer poniendo un precio y unas condiciones a su dignidad como persona?
Si en un futuro, yo intuyo próximo, la gestación subrogada termina convirtiéndose en un derecho, es nuestro compromiso como sociedad que esta sea regulada con todas las garantías posibles. Garantías para la madre gestante, protegiendo el embarazo para que discurra con los mínimos riesgos médicos posible; garantías para los niños gestados, penando situaciones como el abandono de niños afectados por patología o por preferencia de sexo; y garantías para los padres contratantes, que cegados por el deseo de filiación parental, participan de manera involuntaria en las dudosas acciones de las agencias intermediarias en este tipo de contratos.
Sara León,
matrona y Responsable de formación del área Obstétrico-ginecológica de FUDEN